La Cámara Joven aceptó la reforma introducida por el Senado a un proyecto del kirchnerista Rico. Se aprobaron varios pedidos de informes. Advertencia sobre reforma tributaria. Choques por la EPE. Diputados difirió tratamiento de la prórroga del Código Procesal Penal.

La Cámara de Diputados de la provincia optó por diferir en siete días el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo prorrogando la entrada en vigencia en forma completa del nuevo Código Procesal Penal, en busca de lograr un consenso en el Frente Progresista, con el Ejecutivo, las cámaras penales y con senadores. En cambio, aceptó -a regañadientes- los cambios introducidos por el Senado a un proyecto del diputado Gerardo Rico (Frente para la Victoria) y sancionó una ley que impedirá a procesados con decisión ratificada por Cámara y a condenados por delitos de lesa humanidad integrar listas de candidatos en elecciones provinciales.

La sesión se caracterizó por la aprobación de varios pedidos de informes -especialmente referidos a temas de seguridad pública- y por el fuerte cruce de apreciaciones entre el justicialista Mario Lacava y el socialista Raúl Lamberto, debido al prolongado corte de energía que padeció una amplia zona del norte santafesino (ver recuadro).

La expectativa de la sesión estaba puesta en la postura que adoptara la Cámara de Diputados ante el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo que extiende el plazo de implementación progresiva del nuevo de sistema de Justicia Penal. El primer pronunciamiento del cuerpo fue conceder plazo hasta el 31 de enero de 2011, pero agregando nuevas figuras delictuales a juzgarse en forma oral y pública. El Senado, en cambio, optó por votar el mensaje del Ejecutivo desconociendo la postura de Diputados. En la semana, la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada aclarando que no está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Una extensa reunión de los jefes de bloque determinó no considerar el asunto y abrir una ronda de consultas con las cámaras penales de Santa Fe y Rosario, con el Poder Ejecutivo, la Corte e, incluso, con los senadores. En el oficialismo de Diputados prima el criterio de insistir en incluir nuevas figuras en la etapa de transición, aunque flexibilizando la posibilidad de colocar al homicidio simple. Las bancadas justicialistas persistieron en la decisión de “no poner palos en la rueda”, pero pidieron al Frente Progresista que acuerden la postura incluso con el Ejecutivo. El miércoles por la noche se repetirá la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria para buscar un criterio uniforme de la Cámara.

Excluidos de las candidaturas

En cambio, sobre tablas, Diputados dejó convertida en ley un proyecto iniciado en el kirchnerista Rico por el cual se inhabilita a presentarse como candidatos a cargos electivos a condenados y procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa aclara que la inhabilitación regirá para elecciones provinciales, municipales, comunales y convencionales constituyentes, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique. A media tarde, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto, ya que extrajo la parte del articulado que extendía la inhabilitación a imputados en dichas causas.

Rico admitió que “es la ley posible” y aclaró que se trata de la primera provincia que avanza en este tema, que está contenido en el proyecto de reforma política que hoy discute el Congreso nacional. La oficialista Alicia Gutiérrez afirmó que “es un paso a medias” e intentó insistir con el proyecto que contenía también a los imputados. Un breve cuarto intermedio hizo que desistiera de su postura. La sanción fue saludada por aplausos de diputados de distintos bloques.
Gutiérrez y la socialista Lucrecia Aranda reconocieron que la senadora socialista (MC) por Rosario, Patricia Sandoz, fue pionera en el tema, no habiendo logrado el apoyo en la anterior Legislatura.

“El proceso de desestabilización democrática en nuestro país encontró en el golpe de Estado de 1976 una idea fundacional que implicaba la destrucción del tejido social y el desmantelamiento del Estado de Derecho. Es por ello que esta ley también tiene implicancias simbólicas, porque implica un paso más hacia la construcción de un Estado de Derecho comprometido con la verdad histórica como paso previo a una reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado”, dijo Aranda.

Sobre tablas, se aprobaron pedidos de informes referidos a asaltos a mano armada en la autopista Rosario-Santa Fe; incidentes entre manifestantes y policía ocurridos el pasado martes frente a la sede de la gobernación en Rosario; convenios firmados por Vialidad en los dos últimos años, y si el Servicio Penitenciario realizó los estudios que permitieron la salida en libertad anticipada del condenado Ricardo Albertengo, autor de una toma de rehenes en una clínica rosarina.